Entregable 4. Ensayo de 5 párrafos: Desarrollo Sostenible y el Ordenamiento Territorial

 

Desarrollo Sostenible y el Ordenamiento Territorial.

 

Partamos de la idea que el Desarrollo Sostenible no podría asegurarse sin la adecuada implementación del Ordenamiento Territorial a través de los instrumentos de planificación y gestión territorial. En el caso del Perú el Ordenamiento Territorial forma parte de la Decimo Novena Política de Estado sobre Desarrollo Sostenible, lo que define su importancia como un compromiso de integración de las políticas nacionales de orden ambiental, económica, social y cultural, para superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú.

Por otro lado, tenemos al territorio como un escenario asociativo o disociador, según la característica que corresponda, lo que dependerá de la perspectiva del análisis. Este escenario es donde confluyen los distintos grupos sociales con sus respectivos intereses y derechos, quienes hacen uso de los recursos naturales para generar medios de producción, intercambio y consumo; con lo cual de lo social se pasa al factor económico, por lo que los modos de producción y los patrones de consumo enraizados en aspectos culturales impactan de un modo u otro en la dimensión ambiental ya sea por el deterioro de los recursos hídricos, la deforestación y/o la pérdida de la biodiversidad; razón por la cual se hace necesario enmarcar la gestión del territorio en una dimensión político institucional.

En este orden de ideas, resulta importante destacar la proyección de esa multidimensionalidad del territorio hacia el desarrollo sostenible; y que a su vez rompe con un paradigma de la temporalidad de los derechos. Esa multidimensionalidad se aprecia en la dimensión social, en la búsqueda de la equidad para lograr la cohesión social  en favor de la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo entre todos los miembros de la sociedad; se aprecia también en la dimensión económica a través de la competitividad, entendida como la capacidad productiva y el potencial económico de producción del territorio que genera los bienes suficientes para satisfacer las necesidades, tanto para la generación presente como la futura; se vislumbra también en la dimensión ambiental respecto de la sostenibilidad del territorio (seguridad física) garantizando el adecuado uso de los recursos naturales y la recuperación de aquellas áreas degradadas por factores antrópicos, y respecto también de la ocupación ordenada del territorio, todo ello basado en una dimensión político institucional, que es la gobernanza para gestionar apropiadamente el territorio y sus recursos; que se traduce en la aprobación de los planes de acondicionamiento territorial y de la zonificación ecológica y económica; las estadísticas dan cuenta de un déficit de 102 provincias que no cuentan con Planes de Acondicionamiento Territorial actualizados, de un total de 196 provincias, lo que representa el 52% del territorio nacional; y 17 regiones de un total de 25 regiones cuentan con ZEE, es decir, que representa el 68% del territorio nacional .

Desde el Informe Brundtland (ONU,1987) se ha venido asociando al desarrollo sostenible bajo el criterio de: “la  satisfacción de las necesidades presentes sin afectar o comprometer la capacidad de las futuras generaciones en satisfacer las propias”,  con lo cual se extiende el derecho a disfrutar del uso de los recursos naturales a la siguiente generación bajo una ficción jurídica; y pervive el derecho a satisfacer las necesidades respecto de seres vivos que aún no nacen (siguiente generación), convirtiéndose en un derecho atemporal o asincrónico.

Ese compromiso social y gubernamental de la presente generación con la siguiente generación, no sería posible de cumplir ni implementar sin la adopción del Modelo Territorial  Futuro deseado, bajo una visión de desarrollo del País y como resultado de una Política de Estado; que sea aplicada a través de los instrumentos de planificación y gestión del territorio (Planes de Acondicionamiento Territorial y Zonificación Ecológica y Económica), donde los diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores sociales (público y privado) deben tener una activa participación para que sea exitoso. El Perú no ha podido implementar de manera uniforme esta Política de Estado, no obstante los esfuerzos técnicos y normativos por impulsar la planificación urbano territorial y la zonificación ecológica y económica, porque los gobiernos locales y regionales no tienen la capacidad técnica ni les resulta costo efectivo a sus intereses políticos su implementación, el déficit de estos instrumentos de planificación y gestión del territorio actualizados, hace  inviable adoptar un Modelo de desarrollo del territorio que asegure el cumplimiento del compromiso del Estado Peruano respecto a la Política de Estado de desarrollo sostenible.

 

Fuentes:

 

 

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